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Minogue pide una reforma contra la corrupción y la apariencia de corrupción, y la prohibición de contribuciones políticas de quienes tienen contratos con el gobierno estatal

Noticias
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29 de octubre de 2026

HAMILTON, Massachusetts — El candidato republicano a gobernador Mike Minogue propuso hoy prohibir las contribuciones políticas de personas y organizaciones que reciben contratos o pagos del estado. También le pidió a la gobernadora Maura Healey que devuelva las contribuciones hechas a sus comités inaugurales por empresas que después recibieron contratos estatales, exenciones de impuestos y decisiones regulatorias favorables.

“En Massachusetts, los que les firman cheques a los políticos son los que terminan ganando los contratos del estado”, dijo Minogue. “Cuando una empresa le da hasta $25,000 a la gobernadora y después recibe un contrato estatal o un incentivo fiscal multimillonario, los contribuyentes tienen todo el derecho de preguntar para quién está trabajando el gobierno. Mientras las familias trabajadoras batallan para pagar la electricidad, la vivienda, la atención médica y el cuidado infantil, los políticos de siempre se benefician de un sistema que les sirve a ellos, no a la gente. Yo voy a acabar con la cultura de corrupción de Maura Healey”.

El comité inaugural de Healey de 2023 recaudó más de 3 millones de dólares, la cifra más alta de cualquier comité inaugural de un gobernador de Massachusetts. Minogue sostiene que esa recaudación levanta dudas sobre la relación entre las contribuciones políticas y el acceso de las empresas a contratos y beneficios estatales.

El palacio de justicia de Springfield, de 2 mil millones de dólares: La administración Healey eligió a dos figuras de la política de siempre para quedarse con un acuerdo de 2 mil millones de dólares para reemplazar el palacio de justicia de Springfield. Los contribuyentes van a pagar 2 mil millones sin tener garantizada la propiedad del edificio, y seguirán siendo responsables de las reparaciones mayores. La propuesta seleccionada es un calco de un diseño para un palacio de justicia en Orlando, Florida. En comparación, el palacio de justicia actual de Springfield costó 17 millones de dólares y tardó tres años en construirse.

La administración de Healey le entregó el contrato a Liberty Junction, una sociedad que incluye a CoJo Partners, copropiedad de Conan Harris —esposo de la congresista Ayanna Pressley— y de John Barros, director ejecutivo interino de la Autoridad del Centro de Convenciones de Massachusetts. Documentos judiciales muestran que Barros se reunió con los principales asesores de la gobernadora apenas horas antes de que el acuerdo se hiciera público. Barros se deshizo de su participación solo después de la reacción pública, y todavía no ha dado detalles.

El estimado de construcción era el segundo más alto entre cuatro finalistas, y los empleados del tribunal colocaron esa propuesta entre las peores evaluadas. El Inspector General del estado fue el único que votó en contra del arrendamiento, advirtiendo que el proyecto parecía haber sido direccionado.

“El palacio de justicia de Springfield es el ejemplo perfecto de la corrupción, o de la apariencia de corrupción”, dijo Minogue. “Los contribuyentes van a pagar 2 mil millones de dólares para rentar un edificio que quizás nunca sea suyo, y se lo van a rentar a un grupo ligado a la política de siempre. Con mi plan, las empresas que le donan a la gobernadora no van a dar la vuelta y ganarse contratos del estado”.

Pero un palacio de justicia que costó lo mismo que la Esfera de Las Vegas fue solo el ejemplo más reciente de corrupción, parte de una tendencia más larga:

Commonwealth Care Alliance le dio $50,000 al Comité Inaugural Healey-Driscoll. En 2025, su administración acordó ponerle un tope a las pérdidas del comprador durante dos años, como parte de un rescate de la aseguradora. El costo para los contribuyentes no se ha dado a conocer.

Blue Cross Blue Shield le dio $25,000 al Comité Inaugural Healey-Driscoll. Healey después nombró a un vicepresidente de Blue Cross como comisionado de seguros del estado, el regulador que aprueba las tarifas de Blue Cross.

CVS le dio $25,000 al Comité Inaugural Healey-Driscoll dos días después de que Healey, entonces fiscal general, anunciara su acuerdo por los opioides.

Empleados de Eversource les han dado en conjunto más de $62,000 a las campañas de Maura Healey y Kim Driscoll desde 2016 (casi $50,000 de esa cantidad vinieron de la alta dirección). El director ejecutivo Joseph Nolan Jr. organizó un evento de recaudación para Maura Healey en septiembre de 2026.

Steward Health Systems y sus ejecutivos le dieron a la entonces fiscal general Healey más de $100,000 en donaciones y patrocinaron eventos de recaudación, y la fiscal general Healey dio el visto bueno a la supervisión del sistema. Steward le dio $10,000 al Comité Inaugural Healey-Driscoll en 2023, y la gobernadora Healey se quedó de brazos cruzados mientras la empresa le quitaba servicios a sus hospitales.

El plan de Minogue

Desde el primer día, el gobernador Mike Minogue pondrá en marcha las siguientes reformas:

  1. Prohibir las contribuciones de los contratistas del estado y de sus altos ejecutivos a los candidatos a cargos estatales y a los comités inaugurales y de transición, mientras tengan un contrato y durante los dos años siguientes. Connecticut tiene una prohibición parecida, y una corte federal de apelaciones la respaldó.
  2. Impedir las contribuciones de los empleados estatales y de los sindicatos que negocian contratos con el estado.
  3. Cerrar la laguna de los comités inaugurales, aplicándoles el límite de $1,000 por persona, el límite de $200 para cabilderos y la prohibición de donaciones corporativas.
  4. Exigir la divulgación completa de los donantes a las organizaciones sin fines de lucro de transición, que hoy pueden mantener en secreto a sus donantes.
  5. Exigir la divulgación de todas las donaciones a organizaciones 501(c)(3) y 501(c)(4) por parte de cualquiera que reciba contratos del gobierno y que trabaje con la Oficina del Gobernador o la apoye.

“La gobernadora Healey debería devolver cada dólar que recibió de empresas que después consiguieron negocios con el estado, o donar esa misma cantidad a la caridad”, dijo Minogue. “Si ella cree que esas donaciones no tuvieron nada que ver, devolverlas debería ser fácil”.

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